Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

Frente a las protestas que ocurren en distintas ciudades en Venezuela

Caracas 24.02.2014 Frente a la serie de protestas que ocurren desde los primeros días de febrero de 2014 en distintas ciudades en Venezuela, la A.C. Reforma Judicial condena categóricamente los excesos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad en cuanto a control de orden público y lamenta profundamente los casos de personas heridas y fallecidas, las cuales deben ser investigadas de inmediato por las autoridades competentes de modo imparcial e independiente garantizando la no repetición de los hechos.

Recordamos que así como la Constitución reconoce y garantiza los derechos a la libertad de expresión, manifestación pacífica, reunión y asociación, también prohíbe los cuerpos de seguridad del estado el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.

Igualmente recordamos a las autoridades que tienen el deber constitucional de proteger a la ciudadanía a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. En esta función los cuerpos de seguridad del Estado deben respetar los derechos humanos de todas las personas y ajustar su actuación a los principios de legalidad, necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad.

Repudiamos las agresiones a trabajadores de los distintos medios de comunicación, así como a canales de televisión, vengan de donde vengan ya sean perpetradas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, manifestantes o grupos armados y sin importar para que empresa trabajen, puesto que tales actos no solamente violan el derecho de la persona agredida, sino que conculcan el derecho de la sociedad a buscar y recibir información.

Exigimos a las autoridades que en las detenciones que puedan ocurrir y los procesos judiciales se respeten los derechos al debido proceso e integridad personal, lo cual incluye el derecho a no ser incomunicado y la prohibición de torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes. Igualmente que los juicios se adelanten de modo independiente e imparcial, con el debido respeto por las garantías judiciales ordenadas por la Constitución, las leyes y los tratados. En la misma forma que deben cesar las restricciones a derechos y procesos judiciales adelantados por motivaciones políticas y ser puestas en libertad las personas encarceladas por tales motivos.

Reconocemos el deber de las autoridades de reestablecer el orden público, en aquellos lugares donde la protesta deja de ser pacífica, sin embargo ello no puede ser autorización para irrespetar los derechos humanos, sino que por el contrario mayores salvaguardas deben tenerse observando especialmente los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Hacemos un llamado tanto al gobierno nacional y a los sectores que le adversan para que procuren buscar salidas sobre la base del diálogo, respeto y entendimiento mutuo de manera que cesen los graves hechos ocurridos, sin que tales acuerdos se constituyan en fueros de impunidad para los responsables de las graves violaciones contra los derechos humanos ocurridas sin importar quienes sean y se garantice a las víctimas sus derechos a la justicia, verdad, reparación y no repetición. /Fin/

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